X. VILALTELLA MADRID
Dos semanas. Es lo que ha tardado
el Ministerio de Consumo en empezar a utilizar una competencia recién obtenida para poder fiscalizar
los anuncios de pisos en alquiler en
zonas tensionadas y, en caso de detectarse irregularidades, sancionar
a las plataformas inmobiliarias que
los ofertan. Ayer anunció la apertura de una investigación contra «diferentes» portales inmobiliarios, sin
detallar cuáles.
Según se lee en el comunicado remitido por Consumo, los inspectores que monitorizan el mercado de
la vivienda han detectado prácticas
que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia previstas en
la ley. Concretamente, el objetivo de
las pesquisas son anuncios publicados para grandes tenedores -alguien
que tenga más de diez inmuebles urbanos- que estarían ofreciendo pisos a precios superiores a los fijados
por la Ley de Vivienda -aprobada en
2023-, y anuncios -en este caso de
propietarios particulares- que no detallan cuál era el precio del último
contrato de alquiler que se ofreció
para ese inmueble.
El mayor portal inmobiliario español, Idealista respondió ayer al Ministerio asegurando que tiene 12 sentencias que confirman «la correcta
aplicación del marco europeo de responsabilidad de las plataformas» y
que por ello no tiene responsabilidad sobre las publicaciones que hagan terceros en su plataforma. En
contra, el departamento de Bustinduy se escuda en que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso el 11 de diciembre y publicada en el BOE el pasado
27 de diciembre, les da ya potestad
para sancionar estas prácticas.

Fuente Periodistica : ABC